Susana Jiménez, presidenta CPC
“Es importante recordar que más crecimiento permite mejoras concretas en la vida de los chilenos, mejores empleos y salarios, servicios de calidad superior en educación, salud e infraestructura”, Susana Jiménez, presidenta Confederación de Producción y Comercio (CPC).
Chile enfrenta un desafío relevante para retomar mayores tasas de crecimiento. ¿Cuáles son hoy los factores más determinantes?
Chile necesita volver a crecer, y eso hoy no está ocurriendo con la fuerza necesaria. El Banco Central ya ajustó el crecimiento esperado para 2026 a un rango de 1,5% a 2,5%, y los datos recientes, con Imacec de -0,5% en enero y -0,3% en febrero, muestran una economía más débil de lo previsto.
En ese contexto, hay tres factores clave: inversión, productividad y certezas. Sin inversión no hay crecimiento; sin productividad el crecimiento no es sostenible; y sin reglas claras, simplemente no se invierte. La tarea es avanzar en esas tres dimensiones de manera simultánea y con sentido de urgencia.
Es importante recordar que más crecimiento permite mejoras concretas en la vida de los chilenos: mejores empleos y salarios, servicios de calidad superior en educación, salud e infraestructura; en definitiva, un mayor bienestar que se traduce finalmente en tranquilidad y una vida mejor para las personas.
¿Cuál sería una regla simple para que Chile vuelva a crecer sostenidamente? ¿Y qué indicadores seguiría?
Para mantener un crecimiento sostenible en el largo plazo se requiere impulsar la inversión, para lo cual es clave la participación del sector privado.
En el período de crecimiento más largo y sostenido de nuestra historia, entre los años 1990 y 2014, en que el PIB creció 5,1% en promedio, la inversión creció cerca del 8% promedio anual y la profundización del mercado de capitales alcanzó un promedio de 98% del PIB.
Los últimos diez años, el PIB se expandió sólo 2% anual promedio, mientras la inversión creció 1,1% promedio anual y la profundización financiera fue de 64% del PIB, en promedio.
Esto significa que necesitamos inversión, pero también un mercado financiero que permita financiarla.
Hoy el escenario es exigente. La inflación se ha corregido, pero el propio IPoM (Informe de Política Monetaria) anticipa que volverá a ubicarse cerca de 4% en el corto plazo por el shock de combustibles, mientras la política monetaria se mantiene con tasas en torno a 4,5%.
El escenario internacional podría empeorar o mantenerse por más tiempo, lo que se suma a debilidades estructurales, como un bajo crecimiento o un desempleo que se ha mantenido por 38 trimestres sobre el 8%.
Es clave mejorar el clima de negocios, la seguridad física y jurídica.
Miraría dos indicadores: el Imacec, porque muestra el pulso real de la economía, y la inversión. Hoy la formación de capital sigue creciendo, pero a un ritmo menor. Si esos dos indicadores no se consolidan, no hay recuperación.
¿Qué cambios se requieren para aumentar la productividad y qué compromiso puede asumir el sector empresarial?
La productividad es el gran desafío pendiente de Chile. Llevamos años con un crecimiento bajo, precisamente porque no hemos logrado mejorarla de manera sostenida. De hecho, la productividad total de factores se ha estancado y, en algunos períodos, incluso ha disminuido. De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, su aporte al crecimiento económico ha sido nulo o negativo desde el año 2005.
Desde el mundo empresarial, el compromiso es claro: innovar y formar capital humano. Por su parte, el Estado debe colaborar con la solidez institucional, evitar decisiones discrecionales y dar agilidad a los permisos.
Para ejemplificar esto último con el caso de los permisos ambientales, en la tramitación en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) se han observado importantes aumentos de plazo: mientras en 2015 una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) demoraba 296 días corridos, en 2025 aumentó a 400 días. Una tendencia aún más crítica se observa en los EIA (Estudio de Impacto Ambiental), que escalaron de un promedio de 653 a 1.124 días en el mismo período.
Aquí no hay atajos: el esfuerzo debe ser conjunto y sostenido.
¿Qué decisión urgente se ha postergado y cuál es el costo de seguir aplazándola?
La modernización del sistema de permisos, tanto ambientales (SEIA) como sectoriales. Esta es probablemente una de las reformas más relevantes para el crecimiento y, al mismo tiempo, una de las más postergadas.
El costo es evidente: menos inversión en un escenario donde ya crecemos entre 1,5% y 2,5%. Eso se traduce en menos empleo, menos ingresos y menos oportunidades.
Es posible avanzar más en permisos sectoriales y mejorar el proceso de evaluación ambiental. Hemos hecho propuestas concretas en ambos ámbitos.
En el caso de permisos ambientales, hemos levantado una propuesta de simplificación de guías y criterios, instrumentos que se han multiplicado y muchas veces han extendido su alcance más allá de la naturaleza que la ley les entrega.
En relación con permisos sectoriales, nuestra propuesta —en la línea que entrega la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que permite el traspaso de permisos a Técnicas Habilitantes Alternativas— consiste en eliminar 16 permisos y que cerca de 170 pasen a declaraciones juradas o avisos.
En el caso del funcionamiento del SEIA, tenemos un estudio muy completo que analiza en profundidad el alcance jurídico y los efectos prácticos de las guías metodológicas y criterios de evaluación dictados por el Servicio de Evaluación Ambiental.
A partir de la revisión de 22 guías y 29 criterios, el informe concluye que estos instrumentos han excedido su rol de orientación técnica, incorporando exigencias prescriptivas que no están contenidas en la ley ni en el reglamento, avanzando hacia una verdadera regulación de facto.
Esto ha derivado en mayores niveles de burocracia, extensión de los plazos de evaluación, encarecimiento de los proyectos y una pérdida relevante de certeza jurídica, afectando directamente la inversión.
En ese contexto, proponemos corregir estas distorsiones, eliminando los criterios como instrumentos autónomos y reconduciendo las guías a su función original, con un carácter estrictamente referencial y de buenas prácticas, resguardando siempre altos estándares ambientales.
¿Qué errores se repiten en Chile al diseñar políticas para atraer inversión?
Hay ocasiones en que, al evaluar el impacto de una futura política pública, se minimizan los incentivos que estas crean y el impacto económico que pueden tener.
Por ejemplo, cuando se eliminó el DL600, entre las razones que se esgrimieron estaban el bajo uso de esta herramienta y la estabilidad institucional que había mostrado Chile. De igual forma, cuando se aumentó el impuesto de primera categoría a 27%, se supuso que esto no impactaría en la inversión.
Ya habiendo pasado los años, y a la luz de los hechos, se minimizó el impacto negativo que finalmente tuvieron estas medidas.
Hoy tenemos un escenario de mayor incertidumbre global y un fuerte impacto del shock energético, con precios del petróleo que superaron los USD$ 100 por barril.
La inversión no responde a señales puntuales. Responde a confianza. Y esa confianza se construye con estabilidad, reglas claras y consistencia en el tiempo, además de competitividad tributaria, procesos ágiles de aprobación, criterios objetivos y exigencias razonables, evitando que instrumentos administrativos se superpongan a lo que indica la ley, entre otros.
¿Dónde están hoy los principales obstáculos?
Chile enfrenta hoy una combinación de obstáculos que comprometen seriamente su capacidad de crecer, atraer inversión y responder con eficacia a las demandas sociales.
La pérdida de competitividad tributaria es uno de los síntomas más evidentes, con una tasa de impuesto corporativo entre las más altas de la OCDE.
A esto se suman cuellos de botella cada vez más asfixiantes en materia de tramitación de permisos: los procesos son largos, inciertos y muchas veces desproporcionados. Eso afecta directamente la inversión.
Adicionalmente, se agregan rigideces y costos laborales que desalientan la contratación formal, y un Estado que requiere una urgente modernización para ser un facilitador del crecimiento y el desarrollo.
¿En qué etapa se traban los proyectos?
En la tramitación. Ahí es donde se concentra la mayor incertidumbre. Eso tiene consecuencias concretas: proyectos que se retrasan o simplemente se rechazan por razones discrecionales o incluso políticas.
A ello se suma la judicialización de algunos proyectos. En base al informe que publicamos en la CPC sobre proyectos judicializados durante el segundo semestre de 2025, esta etapa concentra el 19,1% de toda la inversión del país, es decir, afecta principalmente a los proyectos de mayores montos de inversión.
El tiempo promedio para dictar una sentencia en los Tribunales Ambientales alcanzó los 784 días. Luego, el 55% de las sentencias de los Tribunales Ambientales son recurridas ante la Corte Suprema, instancia en la que se añaden, en promedio, 455 días al proceso.
En un escenario de bajo crecimiento, eso es especialmente grave. Si queremos recuperar dinamismo, el primer cambio debe ser reducir esas fricciones.
¿Qué está frenando la inversión energética?
La incertidumbre y el contexto internacional. El IPoM es claro: el shock energético ha elevado los costos y la volatilidad.
Chile tiene ventajas comparativas en energía, especialmente en renovables. Pero para aprovecharlas necesitamos certezas regulatorias y procesos más ágiles.
No es un problema de potencial. Es un problema de ejecución.
¿Qué prioridad debería liderar la agenda?
El año pasado la CPC, junto a 80 empresarios y expertos, elaboramos un trabajo en que identificamos los 50 motores que, en nuestra opinión, permitirán impulsar la inversión y el crecimiento económico. Estos están divididos en seis grandes temas o prioridades.
La primera es el desarrollo de infraestructura, ya que la inversión juega un papel clave y se requiere destrabar las carteras de inversión que actualmente existen en Chile.
El segundo tema es la competitividad tributaria, porque —tal como señalaba anteriormente— necesitamos tasas de impuestos competitivas para que las empresas puedan invertir sus utilidades y sean motor de competitividad.
Otra prioridad es avanzar en mejoras de capital humano, ya que las empresas necesitan contar con trabajadores con talento, experiencia y competencias adecuadas.
También debemos abocarnos a profundizar el mercado de capitales y realizar las reformas necesarias para que el Estado sea un promotor del desarrollo del país, estableciendo marcos regulatorios y políticas públicas que orienten la actividad empresarial, reduzcan la incertidumbre y promuevan un entorno propicio para la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible.
Finalmente, y no por eso menos importante, está todo lo relacionado con una mayor seguridad y garantías al Estado de derecho, condiciones habilitantes esenciales para entregar la estabilidad y confianza que requiere el crecimiento.
¿Qué infraestructura es más urgente?
Es importante promover concesiones en infraestructura, carreteras y puertos, entre otros.
En el informe Motores para impulsar el crecimiento sostenible, una de las principales propuestas era priorizar, ejecutar y actualizar anualmente un plan de concesiones por US$30.000 millones para períodos de diez años, con una cartera diversa que integre proyectos en movilidad, infraestructura hídrica, social, digital y de vivienda pública.
¿Qué rol deben jugar los ingenieros?
Un rol central. Chile necesita fortalecer su capacidad técnica en la toma de decisiones. Muchos de los desafíos que enfrentamos —productividad, energía e infraestructura— son esencialmente técnicos. Y ahí la ingeniería es clave.
Los ingenieros tienen una visión integral y estratégica del desarrollo y, por formación, están orientados a la búsqueda de soluciones prácticas. Por eso, son muy valoradas sus visiones y propuestas, que históricamente han impulsado a través de instancias como el Colegio de Ingenieros, participando en diversas iniciativas económicas y sociales, fomentando la innovación, el conocimiento y la rigurosidad técnica.
¿Qué tema está fuera del debate público?
Un tema que hoy no está con la fuerza que debiera en el debate público es el capital humano, particularmente la calidad y pertinencia de la educación en todos sus niveles.
Necesitamos hablar con mayor intensidad de la formación de las personas. Y es relevante ponerlo en el centro, porque sin capital humano no hay crecimiento sostenible.
La evidencia es clara: los países que logran dar saltos en productividad lo hacen sobre la base de mejores habilidades, mayor capacitación y sistemas educativos que dialogan con las necesidades reales de sus economías.
Un camino —aunque no el único— es fortalecer decididamente la educación técnico-profesional, avanzando en pertinencia, articulación con las empresas y trayectorias formativas flexibles que acompañen a las personas a lo largo de su vida laboral.
Tenemos que asumir con mayor decisión el desafío de la reconversión y la capacitación continua frente a los cambios tecnológicos, en particular los asociados a la Inteligencia Artificial.
El capital humano es una condición habilitante. Si no lo abordamos con sentido de urgencia, cualquier estrategia de desarrollo queda incompleta. Y eso es algo que el debate público aún no termina de dimensionar.
Esto cobra especial relevancia en momentos en que la transformación digital y la Inteligencia Artificial están cambiando la forma en que nos relacionamos y trabajamos, generando oportunidades y desafiando a las empresas y al mundo del trabajo.